En el año 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó por primera vez al Estado de Guatemala por estas desapariciones forzadas y les obligó a producir un documental financiado por el Estado, pero hasta ahora no ha querido acatar la sentencia. Por ello, los familiares no quisieron esperar y decidieron llevar las riendas de este proyecto ellos mismos.

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